Solía aparecer en los poblados rurales de la sierra de Atoyac acompañado siempre de dos oficiales. Un poco atrás los seguía un pelotón de soldados alertas ante cualquier orden de su comandante. Cuando el coronel Alfredo Cassani Mariña llegaba con su comitiva a los pueblos de esta zona del estado de Guerrero, se sabía que todo podía pasar. Desde incendios de viviendas, saqueos, amenazas y fusilados en la vía pública.

En el verano de 1973 el entonces comandante del 27 batallón de infantería, se había convertido en una “celebridad” entre sus colegas que participaban en la campaña militar contra el grupo guerrillero encabezado por Lucio Cabañas. Se hablaba de él no solo por el empleo de todo tipo de tácticas contrainsurgentes contra campesinos guerrerenses, de quienes sospechaba servían de parapeto a los guerrilleros, sino por el empleo de un método que marcaría por siempre al ejército mexicano.

Por esos días estaba fresco en la memoria de los habitantes de esa región, enclavada en las montañas de la zona conocida como Costa Grande, los bombardeos que la fuerza aérea había realizado en comunidades que de manera previa habían sido evacuadas por las tropas del 27 de infantería al mando del coronel Cassani Mariña.

Un par de años antes esta táctica comenzó “barriendo” poblados donde el ejército creía que se ocultaba otro líder guerrillero, el maestro rural egresado de la Escuela Normal Superior, Genaro Vázquez Rojas. Sería el líder insurgente quien denunciaría tiempo después el empleo de este método, evacuar poblaciones y someterlas a fuego aéreo, una táctica conocida como “aldea vietnamita”.

Los detalles de la participación del 27 de infantería usando el recurso de la “aldea vietnamita”, entre los años 1970 a 1973, se encuentran en el borrador del informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSP), que elaboró al final de los cinco años que estuvo en funciones durante la administración de Vicente Fox. Este documento de manera extraña al concluir el sexenio del panista, nunca se dio a conocer.

Ahí se registró el testimonio de pobladores y líderes sociales alzados en armas como Vázquez Rojas, quienes identificaron al coronel Cassani Mariña como uno de los oficiales del ejército que estuvo al frente de esas operaciones.

Cassani era el prototipo del militar sanguinario y abusivo, no solo con sus subordinados, sino con la población en general. A finales del año 1973, cuando se presentó el relevo en la comandancia de la 27 zona militar, con cuartel en Acapulco, el nuevo mando recayó en el general de división Salvador Rangel Medina, con quien tendría varios desencuentros que desembocaron en su cese al frente del batallón.

Rangel contaba que el coronel Cassani era el típico militar jactancioso, quien presumía de “comerse la lumbre con las manos”, tenía no solo la animadversión de las autoridades civiles, pobladores y policías, sino que sus tropas cometían todo tipo de tropelías que dejaban mal parado a otros oficiales del ejército que no actuaban de esa manera. En junio de 1974 el general Rangel solicitó al secretario de la Defensa Nacional que relevara al coronel por abusar de pobladores de la sierra, había denuncias por casos donde ordenó “fusilar gente” delante de mujeres y niños.

Su relevo al frente del 27 de infantería recaería en otro militar no menos sanguinario. Se trataba del entonces teniente coronel Juan López Ortiz, egresado en tácticas de infantería por la Escuela de las Américas, y quien años después sería recordado por la masacre de indígenas en el mercado de Ocosingo, Chiapas, en los días de enero de 1994 durante el alzamiento zapatista.

Rangel contaba que el coronel Cassani era el típico militar jactancioso, quien presumía de “comerse la lumbre con las manos”, tenía no solo la animadversión de las autoridades civiles, pobladores y policías, sino que sus tropas cometían todo tipo de tropelías que dejaban mal parado a otros oficiales del ejército que no actuaban de esa manera.

A López Ortiz lo relevó tiempo después en el mando del 27 de infantería otro egresado de la Escuela de las Américas, el coronel Javier Escobedo Corvera, quien condujo las operaciones en la parte última de la campaña militar que terminó por dispersar a los sobrevivientes de la emboscada de aquel 4 de diciembre de 1974, cuando cayó abatido Lucio Cabañas.

Escobedo Corvera, de acuerdo a contemporáneos suyos con los que compartió vivencias en Guerrero, se quitó la vida durante una visita a la tumba de su padre en los primeros años de la década de los 80, cuando ya ostentaba el grado de general brigadier. Los motivos no quedaron claros, algunas versiones referían que quedó afectado emocionalmente por todo lo que vivió primero como oficial, y después como comandante del 27 de infantería.

El batallón de las ‘narco-fosas’

A principios de los años 70 el batallón 27 había sido adscrito a la comandancia de la 27 zona en Acapulco, de donde fue enviado al puesto de mando en la base de operaciones militares de Atoyac, donde estuvo en los años de la “guerra sucia”. A finales de aquella década, con la reasignación territorial de las unidades que habían participado en la campaña contra la guerrilla de Lucio Cabañas, el batallón fue enviado a la jurisdicción de la 35 zona militar en Chilpancingo.

El 27 de infantería se estacionó en Iguala en sustitución del batallón 49, que fue enviado al norte del país. A partir de los años 80 sus objetivos se ampliarían ante el crecimiento exponencial del tráfico de drogas, el surgimiento de derivaciones de la guerrilla y el crecimiento de las poblaciones del norte del estado de Guerrero donde quedó delimitada su jurisdicción.

En el año 2012 el batallón 27 estaba al mando del coronel Juan Antonio Aranda Flores, un oficial de infantería con formación en fuerzas especiales, quien llegó en octubre del 2011 a relevar a su colega el coronel Alfredo Aponte Carranza, quien antes había estado comisionado en Ciudad Juárez, como director administrativo de la policía municipal, en los años 2009 a 2010 cuando la violencia se desbordó y convirtió a este punto fronterizo en la urbe más peligrosa del mundo.

Al coronel Aponte Carranza, quien ocupó el mando del 27 de infantería del 2 de mayo del 2010 al 3 de octubre del 2011, se le adjudicó el haber encabezado con sus elementos 16 enfrentamientos con “39 bajas de la delincuencia organizada” durante su gestión. Desde que arribó a Iguala en los meses en que la ciudad se convirtió en el centro de operaciones de la banda criminal autodenominada “Guerreros Unidos”, sus efectivos pasaron por alto la proliferación de fosas donde eran arrojados cadáveres dentro de su área de responsabilidad en los municipios aledaños de Taxco de Alarcón, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón. En estas dos últimas ciudades, la delincuencia organizada sentó sus reales en caminos, carreteras, y controló cuerpos de seguridad e infiltró presidencias municipales.

Cuando el coronel Juan Antonio Aranda Flores llegó a Iguala, tras haber estado en la guarnición de Nuevo Laredo, Tamaulipas y después al mando del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara, la situación empeoraba cada día más en ésta población y municipios aledaños.

La pugna entre el grupo criminal autodenominado “La Familia”, quien disputaba a “Guerreros Unidos” Apaxtla y Teloloapan, dejó una estela de sangre y desapariciones donde el batallón 27 de infantería parecía solo un espectador. El coronel Aranda Flores, conocedor del sistema de inteligencia militar, tenía reportes de fosas clandestinas algunas de las cuales fueron encontradas en la antigua zona minera que comunica Iguala con Taxco de Alarcón.

Relevado a principios del 2013 por el coronel José Rodríguez Pérez al frente del 27 batallón, los reportes de los grupos de comando y las compañías referían que “Guerreros Unidos” había hecho de los cerros que rodean a Iguala un cementerio clandestino. Pese a ello, el coronel Rodríguez Pérez y su superior inmediato el comandante de la 35 zona militar, el entonces general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, poco hicieron por investigar.

La cadena de mando en septiembre del 2014 llegaba al general de división Martín Cordero Luqueño, comandante de la novena región militar, entonces superior jerárquico del general Saavedra y del coronel Rodríguez Pérez. Fue mencionada en testimonios de los alumnos de la normal de Ayotzinapa, quienes señalaron que la noche del 26 de septiembre, cuando fueron atacados a tiros y 43 de sus compañeros fueron secuestrados para quedar en calidad de desaparecidos, el ejército y la policía federal “acordonaron” el área para evitar la presencia de testigos mientras el grupo criminal y los policías municipales cargaban contra los estudiantes.

De acuerdo a testimonios recogidos por la prensa local y nacional, los estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de ataques a tiros en dos ocasiones, y los militares del 27 de infantería retuvieron a quienes huyeron, los amenazaron y pese a que la comandancia estaba a menos de cinco minutos del sitio del ataque, no respondieron a los llamados de auxilio. Tras el plagio y la desaparición de los estudiantes, el coronel Rodríguez Pérez declaró que la comandancia del batallón se enteró “al último”.

Es la versión oficial que mantiene, pero que poco a poco en los últimos dos años con nuevas evidencias ha sido desmentida. Rodríguez Pérez fue relevado en julio del 2015, tiempo después ascendió a general brigadier. Su paso por el 27 de infantería, el batallón que era conocido por su participación en tácticas de “aldea vietnamita” en los años 70, quedó marcado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Posted by Juan Velediaz

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